Hace unos meses el alcalde de un pueblo de una provincia limítrofe con Madrid, decidió venir a la capital en taxi para realizar una gestión. Así fue, el mismo taxista le esperó el tiempo necesario y le condujo de regreso a su punto de origen pensando que estaba haciendo la carrera del mes. Cuando se dirigió al Ayuntamiento para cobrar su recibo, tal y como le había indicado el munícipe, las carcajadas de las secretarias se escucharon en los pueblos vecinos. Desde entonces el humilde taxista persigue al alcalde por todo el pueblo, con la factura en la mano, jugando, literalmente, al gato y al ratón.
En el debate de investidura, nuestro actual presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que, si el 2011 se cerraba con una previsión de déficit público del 6%, este año se debía efectuar un recorte de 16.500 millones de euros. Al parecer, después de reunirse el 27 de diciembre con el interventor general del Estado, éste le “detalló el estado general de las cuentas” y según las mismas, el déficit “real” era del 8% y por tanto el ajuste debía ser de 20.000 millones. Al día de hoy estas cuentas nos aproximan a un entorno entre 37.000 y 40.000 millones.
Cuando el actual gobierno trata de elaborar un mecanismo que permita a las administraciones públicas pagar sus deudas, les invita a estas, a que previamente “se retraten”. Es decir, tienen que declarar lo que “realmente” deben. Y esto es así, porque los municipios y hasta las comunidades autónomas, han descubierto una nueva modalidad de contabilización de deudas que, no es ni más ni menos, que guardar las facturas en un cajón.
Se podría seguir poniendo ejemplos de nuestro proceso de “Helenización”, pero dejémoslo aquí, aunque sólo sea para no contribuir más a la depresión nacional. Sin embargo hay un caso, sobre todo estético, al que es difícil sustraerse. ¿Qué hacía un vicepresidente del gobierno de España, coche oficial y chófer incluidos, reunido con sé quién, para no sé qué, en una gasolinera perdida de Galicia? Llegados a este punto, lo mejor es no saberlo.
Al actual estado de cosas responde la marea de opinión pública y publicada, tertulianos incluidos, con el grito de: “la culpa es de los políticos”. Ante esta afirmación, tan inútil como pueril, sólo caben, descartando a los malintencionados, dos opciones: votamos mal o no hay solución.
A los primeros, decirles que votar, sólo es votar. Expliquémonos, aunque sólo sea para no herir espíritus sensibles. Cuando votamos, no estamos buscando un héroe a la manera de Diógenes con una linterna a plena luz del día. Elegimos a hombres o mujeres como nosotros, con nuestros mismos problemas, con nuestras mismas esperanzas o desesperanzas, con nuestras mismas taras o nuestras virtudes. Para ver a un político basta con mirarnos a un espejo, ni más ni menos. Y sin embargo es mucho, porque de esa manera los conocemos, siguiendo este argumento, como a nosotros mismos. Una de las características de la democracia, como nos dice Giovanni Sartori hasta la saciedad, es la imperfección. Y con estos mimbres tenemos que hacer la cesta, no hay otros.
A los segundos, a los escépticos, invitarles a imaginar una realidad donde el interventor del ayuntamiento del taxista denunciara a su alcalde por hacer un gasto que él no ha autorizado, el interventor general de Estado tuviera que responder a una comisión de investigación del Congreso para que explicara cuándo ha aprendido a contabilizar los gastos y el Tribunal de Cuentas levantara actas por las facturas no contabilizadas de todas las administraciones. Lo del vicepresidente del gobierno ya habíamos quedado que lo mejor era no saberlo. Se trata, en definitiva, de reponer o instalar una transparencia informativa de la acción de Gobierno que supere la concepción mediterránea clásica de la democracia basada en la bondad de la “acción de los míos”.
¿Pero cómo se hace eso? La única solución es la Ley. Eso sí, es la misma ley, en definitiva, que nos impide fumar en sitios públicos, nos obliga a no sobrepasar una velocidad conduciendo, pagar los impuestos o respetar a las mujeres. Eso es, otra vez el espejo.
Aunque no hace falta ser un experto jurista para saber que nuestro actual ordenamiento jurídico tiene mecanismos y leyes suficientes para luchar contra los ejemplos anteriormente expuestos, somos muy llamados a crear una ley nueva para combatir un problema viejo. En muchos casos, en lugar de largos y costosos trámites parlamentarios, sería suficiente dotar a la justicia de los mecanismos y los medios suficientes.
En cualquier caso, nuestro actual gobierno, prepara una Ley de Transparencia que merece por su importancia algunas consideraciones. La primera que se apruebe, porque con el anterior gobierno nunca pasó de ser un anteproyecto y la segunda que la finalidad sea elaborar un cauce de información, para que los ciudadanos, excluidos los secretos oficiales, tengan acceso a saber que se hace con sus impuestos. A estas alturas, es decir, estando dónde estamos y viniendo de dónde venimos, no podemos conformarnos con una Ley que impida a los poderes públicos gastarse lo que no pueden pagar. No se puede considerar excepcional lo que tiene que ser normal. La ley de Transparencia tiene que aportar a nuestra democracia una legitimación de nuestra administración de la que ha carecido históricamente y que tanto necesita en este momento como instrumento de lucha contra la corrupción.
En democracia cuando escuchamos referirse al Estado de Derecho, lo solemos hacer invocando el imperio de la ley, la separación de poderes y las garantías de derechos. Sin embargo se suele olvidar el cuarto pilar, que es en nuestro caso, el que más nos interesa, estamos hablando de la “legalidad de la administración”.
Toda tentación totalitaria pasa por anular, invadir o suplir al Estado en todo aquello que significa su funcionamiento cotidiano. En los casos extremos, es fácil comprenderlo, sobre todo con la perspectiva de la historia.
En un día otoñal del Londres de 1902, dos jóvenes revolucionarios exiliados, “Mr. Ritcher” y “La Pluma”, sin dinero, ni patria, ni trabajo, se reúnen por primera vez observando la grandeza de la capital británica. Cuando el primero, Vladimir Lenin, enseña la ciudad a León Trotsky, éste levantó la voz para proclamar que “algún día la revolución pulverizará todo esto”. Lenin le contestó, “ no lo pulverizará, lo heredará”. El concepto de control que subyace de aquellas palabras, sería el cimiento del régimen más burocrático y totalitario que ha conocido la historia.
La Alemania nazi se limitó, directamente, a sustituir el Estado por el partido. Mussolini con un poco más de sutileza creó dos administraciones paralelas, y Franco, que fue, sin duda, el dictador más inteligente del siglo XX, se limitó a colocar en los puestos de la administración a los falangistas que habían luchado en su victoria. De esta manera conseguía dos cosas, por un lado, les daba algo de utilidad, porque literalmente, no sabía qué hacer con ellos, y por otro, se olvidarían, como así fue, de la revolución pendiente. En este sentido y a la vista de ciertas actuaciones de algunas administraciones españolas actuales, bien se pudiera pensar que “para este viaje no hubieran hecho falta alforjas”. Pero esa es otra historia.
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