Al actual órdago independentista que ha
lanzado el gobierno de la Generalitat de Cataluña, responde la sociedad
española, que no el Estado, básicamente de dos formas. Una, pensando que lo
mejor es no hacer nada porque todo esto es un farol y otra, lanzando razones
históricas, económicas o legales que, al parecer, y dada la rotundidad de los
argumentos, deberían ser suficientes para que los partidarios de la
independencia entraran en una fase de lucidez que les recondujera al sentido
común.
A los primeros, que son legión,
convendría recordarles que su postura, no sólo es la más extendida y la más
estéril, sino que hasta fue bendecida en sede parlamentaria hace muchos años,
seguro que suena la música:
“Pues
bien, señores; yo sostengo que el problema catalán, como todos los parejos a
él, que han existido y existen en otras naciones, es un problema que no se
puede resolver, que sólo se puede conllevar, y al decir esto, conste que
significo con ello, no sólo que los demás españoles tenemos que conllevarnos
con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con
los demás españoles.” Ortega y Gasset, Discurso sobre el Estatuto de Cataluña, Sesión de las
Cortes del 13 de mayo de 1932
A los segundos, a los beligerantes, a
aquellos que esgrimen razones de todo tipo para que, a la vista de las mismas,
los nacionalistas abandonen sus falaces argumentos, solo cabe decirles que, de
las tres respuestas anteriormente citadas, la histórica resulta, a pesar de lo
que pueda parecer a simple vista, la más inútil de todas. Conferir a la
Historia un carácter paradigmático, suele ser uno de los principios de todas
las locuras políticas. Acercarse a esta ciencia sin la debida humildad y sin un
cierto escepticismo, nos empuja irremediablemente a convertirla, como decía
Popper, en algo miserable.
No obstante lo anterior, y para los
recalcitrantes históricos, bueno será recordarles según Carlos Miralles en su
libro “Memorias de un comandante rojo”, la pancarta que colgaron las brigadas
de la FAI, el 4 de mayo de 1937, en el barrio de Sants, frente a la mismísima
Plaza de España: “República Independiente
de Murcia. Aquí termina Cataluña. Prohibido hablar en catalán”. Esta claro
que este camino no nos lleva a ningún sitio salvo a debates tan interminables
como inútiles.
La solución hay que buscarla en la
política. En este sentido convendría aceptar, aunque solo fuera para entender
algo del asunto, que los nacionalistas no engañan, ni han engañado nunca a
nadie, salvo a aquellos que se han querido engañar, en unos casos, por un “buenismo”
mal entendido y en otros por intereses inconfesables. Todos los gobiernos de
Cataluña, exceptuando el primer gobierno de Josep Tarradellas, han dirigido
todo su esfuerzo y su política a
identificar un territorio con una nación para que el siguiente paso sea aducir
que a una Nación le corresponde un Estado. Este objetivo, tan evidente como
inalterable, se ha fundamentado en dos pilares, el dinero y la absoluta
inacción del Estado español.
El análisis político que han hecho los
sucesivos gobiernos nacionales desde la transición hasta el momento actual, se ha
basado en creer que el problema catalán se resolvía con dinero. Y ésta será la
respuesta si, definitivamente, se confirma la vía de la negociación. Dicho de
otro modo y continuando con el argumento anterior, “más nación y mañana ya
veremos”.
Si esta afirmación estuviera acertada,
nos llevaría a la primera conclusión, a saber, el problema lo han creado los
“no nacionalistas” y les corresponde a ellos, si es que son capaces a estas
alturas, intentar resolverlo.
Aunque hasta ahora, todo se haya hecho
mal, por la razón que sea y con el gobierno que sea, debemos estar preparados
para saber qué hacer, si no se conforman esta vez con dinero, es decir, en caso
de la quiebra de la legalidad.
La simple apelación a que el referéndum
“no es legal”, que es la frase más pronunciada últimamente, no sirve ni como
argumento, ni como advertencia. Debe contestarse con los artículos de la
normativa legal vigente que se les va a aplicar, desde el primero hasta el último.
Y no estaría de más, terminar como con los niños chicos “quedáis advertidos”.
Eso o tirar la toalla con cierta dignidad.
A pesar de lo que pueda parecer desde
las posturas “oficiales”, tan de moda últimamente, los cambios de legitimidad
desde la legalidad son mucho más infrecuentes que al revés, es decir, cambiar
la legitimidad, con un golpe de fuerza, para después alumbrar una nueva
legalidad que responda a la nueva situación. El ejemplo más reciente lo tenemos
en Ucrania, donde después de un punch
político se bendice la nueva situación por toda la comunidad política
occidental.
Es cierto que esta última postura, sin
apoyo exterior, es como hacer rayas en el agua, ya lo ha advertido hace poco
Artur Mas viendo la que se le viene encima, pero no olvidemos que tratamos con
una situación totalmente enajenada y adulterada por las élites políticas de
turno a lo largo de los últimos treinta años. Digámoslo claro, o se ha vuelto
locos o no han medido las consecuencias de sus actos o tienen una estrategia tan
peculiar que no se puede alcanzar a entender sin ser catalán. Incluso con su
razonamiento y contando con la postura
“tancredista” del estado español, se han adelantado quince o veinte
años. Sin la debida homogeneidad lo único que seguro conseguirán será la
quiebra social de la sociedad catalana.
No estaría de más preguntarnos como
Zavalita sentado en la puerta de “la catedral” ¿Pero cuando se jodió el Perú?
Pues se jodió el día que un ayuntamiento decidió unilateralmente, y como no
“democráticamente”, no poner la bandera española en la fachada y no pasó nada. En
la política, el principio del fin suele ser no aplicar una ley, en lugar de
cambiarla.
Había un profesor en la Facultad de
Políticas que ante estas situaciones siempre usaba la misma frase “leña al mono
hasta que hable inglés”. Pues eso.
